La unión monetaria
implica la desaparición de la política monetaria como instrumento de
política económica individualizado para cada miembro. Para
hacer frente a una recesión doméstica un miembro de la unión deberá
confiar en la política fiscal, aumentando el gasto público o
reduciendo los impuestos. Por estos motivos, la teoría tradicional
de las áreas monetarias óptimas llega a la siguiente conclusión:
|
en una unión
monetaria es preciso que los miembros disfruten de una mayor
flexibilidad para la política fiscal. |
En concreto,
propone que el papel de la política fiscal en la unión monetaria
debería descansar en dos principios.
Primero, sería
aconsejable que existiera una alta centralización de los
presupuestos nacionales a nivel de la unión monetaria.
Esta centralización permitiría que los miembros sometidos a choques
negativos de demanda, recibieran automáticamente transferencias
presupuestarias (por ejemplo, vía subsidio de desempleo), reduciendo
por tanto el coste asociado con la unión monetaria.
Segundo, si la anterior centralización presupuestaria no es posible,
como puede esperarse para el caso de la UE, las políticas fiscales
nacionales deberían de gozar de autonomía, lo que permitiría
que los países miembros hicieran frente a choques negativos de
demanda, a través de un déficit presupuestario.
En definitiva, la
política fiscal gana protagonismo en una unión monetaria, ya que
constituye el único instrumento que pueden utilizar las autoridades
nacionales para hacer frente a choques externos, especialmente si la
movilidad del trabajo en la unión no es lo suficientemente alta como
para paliar, por esta vía, el problema del desempleo en
un miembro de la unión.
Se plantean, por tanto, dos preguntas.
La primera es si
por el hecho de crear una unión monetaria y/o económica se producen
restricciones que impidan que los miembros de la unión monetaria
disfruten de la independencia fiscal que compense la pérdida de
autonomía de la política monetaria. Es decir,
¿Se debilitará la política fiscal cuando
se crea una unión económica y monetaria?
La segunda, si las
políticas fiscales nacionales serán suficientes en la unión
monetaria, o si por el contrario, será necesario el establecimiento
de algún mecanismo fiscal supranacional o federalismo fiscal.
Existen dos
argumentos teóricos que permiten concluir que la integración
económica y monetaria tiende a reducir la independencia fiscal
imponiendo restricciones sobre la política fiscal. Estos argumentos
se basan en lo que se denomina la restricción presupuestaria
intertemporal del sector público. Esta restricción, bajo el
supuesto de responsabilidad fiscal - es decir, garantizando
que
los niveles de deuda pública no entran en una senda insostenible -,
establece que los programas presupuestarios del gobierno deben
obedecer la siguiente restricción:
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el valor actual de
los gastos públicos sin cargas financieras debe ser igual al valor
actual de los impuestos más el valor actual de los sucesivos
aumentos de la base monetaria. |
Expresado en forma simple, la restricción presupuestaria
intertemporal del sector público establece que como un
crecimiento indefinido de la deuda no puede financiar el gasto
público si no se quiere poner en peligro la solvencia del país, el
gasto público, a largo plazo, debe financiarse por medio de
impuestos y/o a través de la
emisión de dinero.
El primero de los argumentos teóricos que afirma que la política
fiscal se
debilitará al crear una unión monetaria establece que tipos de
cambio fijos o una única moneda hacen más rígida la restricción
presupuestaria del gobierno. En efecto, al limitar la unión
monetaria la posibilidad de obtener ingresos a través de aumentos de
la oferta monetaria, se elimina una de las posibles contrapartidas
del valor actual de los gastos públicos, haciendo perder capacidad
de maniobra a la política fiscal. Aunque este argumento
teórico es cierto, para el caso de la UME, este
efecto es de poca importancia. En efecto, como ha mostrado la
Comisión en el estudio “One Market, One Money” (Un mercado, Una
Moneda), los ingresos de los gobiernos de la UE a través de la
creación de dinero son de poca importancia, y serán todavía menores
en el contexto del mercado único.
El segundo argumento teórico establece que la integración de los
mercados de bienes y factores de producción, endurecerá la
restricción presupuestaria del gobierno y por tanto debilitará la
política fiscal. En efecto, si existe perfecta movilidad del
capital y del trabajo en la unión económica, dado que un mayor
gasto público hoy supondrá mayores impuestos en el futuro, los
factores de producción se desplazarán hacia los miembros de la unión
con menores impuestos, erosionando la base impositiva y, por tanto,
minando la posibilidad de aumentar el valor actual de los impuestos.
Además, en la medida en que los mercados conozcan este
proceso, se negarán a proporcionar financiación a los gobiernos
que excedan su capacidad de endeudamiento. Para el caso de la UE,
existe casi unanimidad en que dado que algunos factores de
producción, especialmente el trabajo, seguirán teniendo una baja
movilidad por razones de lenguaje y culturales, puede
esperarse que exista un alto grado de autonomía fiscal, lo que
permitirá la existencia de un amplio abanico de tipos impositivos.
En resumen, hay dos
razones teóricas que nos hacen pensar que la política fiscal
se debilita al crear una unión monetaria y económica. Sin embargo,
para el caso de la Unión Económica y Monetaria Europea puede
afirmarse que la autonomía fiscal no se verá erosionada ya que los
motivos teóricos no son aplicables. Por el contrario, las
restricciones más importantes a las que se enfrenta la política
fiscal en la UE son las que se derivan de los criterios señalados
para el déficit en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se
plantea, por tanto, el problema de explicar la conveniencia de esta
pérdida de autonomía fiscal impuesta a nivel institucional.
En la literatura
económica se ha racionalizado la pérdida de autonomía fiscal
impuesta en Maastricht y en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
a partir de dos principios.
El primero
establece que la integración de los mercados de capitales y la
unificación monetaria tenderán a agravar la tendencia de los
gobiernos a endeudarse en exceso.
El segundo
establece que el exceso de endeudamiento de un miembro crea
externalidades sobre los restantes miembros, que el mercado es
incapaz de corregir.
La integración del
mercado de capitales en la unión monetaria agrava la tendencia al
exceso de endeudamiento como consecuencia de que desciende el
coste marginal del endeudamiento para sus miembros, fundamentalmente
como consecuencia de que la unión monetaria elimina la posibilidad
de que el gobierno repudie su deuda a través de un choque
inflacionista no anticipado. La tendencia al exceso de endeudamiento
aumenta el peligro de que los déficit presupuestarios puedan
generar, a largo plazo, un problema de sostenibilidad, es decir, que
el alto endeudamiento del país le haga entrar en una dinámica a
largo plazo que lleva a un crecimiento indefinido del cociente
deuda/PIB, y que concluye con la imposibilidad de hacer frente al
pago de los intereses de la deuda.
(analice este cuadro)
Un miembro de una unión monetaria que se viera afectado por una
posición insostenible de su deuda, crearía una serie de
externalidades negativas para el resto de la unión. En
concreto, para el caso de la UME, se han señalado tres vías a través
de las cuales, la falta de disciplina presupuestaria afectaría
negativamente a los restantes miembros.
Primero, es
evidente que excesivos déficit presupuestarios en la UME supondrían
una presión sobre el banco central para relajar su política
monetaria y, de esta forma, debilitar la presión alcista que
sobre los tipos de interés ejercerían esos déficit.
Segundo, aunque el
banco central hiciera caso omiso de las presiones generadas por la
política fiscal, y se mantuviera fiel a su política monetaria, la
posible declaración de quiebra de un miembro o su abandono de la
unión monetaria para monetizar su deuda, supondría un alto coste en
términos de credibilidad para todo el sistema.
Tercero, el aumento
de tipos de interés inducido por los excesivos déficit
presupuestarios de un miembro también sería soportado por los
restantes miembros.
Por estos motivos, el Tratado de Maastricht se decantó por la
imposición de techos a los déficit presupuestarios (3% del PIB) y la
deuda pública (60% del PIB) como condición previa para integrarse en
la unión monetaria, y la disciplina fiscal se hizo permanente a
través del en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La imposición de esta disciplina presupuestaria institucional y, en
concreto, la imposición de techos a los déficit presupuestarios, ha
sido una cuestión especialmente polémica. En efecto, algunas
críticas han señalado que en lo que respecta a la política
fiscal hubiera bastado con la prohibición de monetizar los déficit
públicos, sin que sea necesaria la implantación de techos
presupuestarios, ya que el mercado se encargaría de disciplinar a
los miembros de la unión monetaria. El mercado ejercería su
disciplina a través de un aumento del coste marginal del
endeudamiento, lo que impulsaría a los participantes a evaluar el
riesgo de quiebra. Se ha señalado, además, que el mercado
puede ejercer esta función disciplinaria siempre que se cumplan un
conjunto de reglas simples que aseguren el buen funcionamiento
del mismo.
Esta postura es puesta en entredicho por los partidarios de la
disciplina institucional, que señalan dos problemas. Primero, que,
como se ha dicho más arriba, la unión monetaria agrava la tendencia
al exceso de endeudamiento de los gobiernos. Segundo, que los
mercados de capitales pueden fallar a la hora de imponer disciplina
presupuestaria. Con respecto al segundo problema, es decir, la
ineficacia práctica del mercado para limitar los déficit
presupuestarios, hay que tener en cuenta que el mercado puede fallar
a la hora de evaluar los riesgos, o aun cuando el mercado evalúe el
riesgo correctamente, un gobierno puede no actuar racionalmente y
continuar endeudándose a alto coste para no soportar un ajuste
fiscal. Además, la apreciación del mercado sobre el grado de
solvencia de los prestatarios oficiales tiende a cambiar de una
forma brusca.
¿Son suficientes las políticas fiscales nacionales en una unión
monetaria? ¿Debe la unión monetaria ir acompañada de algún mecanismo
fiscal supranacional o federalismo fiscal?. Para responder a
estas preguntas deben primero analizarse los tres efectos
fundamentales que ejerce la política fiscal federal.
En primer
lugar, existe un efecto de igualación, a través del cual los
miembros con baja renta reciben transferencias del resto de la
unión. Este efecto se produce cuando los tipos impositivos en la
unión son progresivos mientras que las transferencias y gasto se
distribuyen de forma equitativa.
En segundo lugar, existe un
efecto estabilización, que se produce cuando en una recesión que
afecta de forma generalizada a toda la unión, la carga impositiva
desciende para todos los miembros y los ingresos por transferencias
(desempleo, ect.) aumentan.
En tercer lugar, la
política fiscal federal ejerce un efecto de corresponsabilidad
regional, que se genera porque las transferencias netas que recibe
un miembro de la unión aumentan cuando ese miembro
experimenta una recesión que no afecta al resto de la unión.
Es el último efecto de la política fiscal federal o efecto de
corresponsabilidad fiscal el que se considera necesario en una unión
monetaria. En efecto, se ha señalado que la inexistencia de
transferencias fiscales interunión llevaría a la despoblación de los
miembros en recesión económica. Así, un miembro en recesión
económica se vería forzado a descender su gasto público o aumentar
sus impuestos, lo que animaría al capital y al trabajo a emigrar
hacia otros miembros con mayores ventajas fiscales, acelerando de
esta forma la recesión.
¿Debe la unión monetaria en Europa ir acompañada de algún mecanismo
fiscal supranacional si se quiere evitar un alto costes en términos
de empleo para sus miembros? La respuesta a la pregunta no
está exenta de polémica. Además, la polémica se ve exacerbada porque
si la respuesta fuera afirmativa, debe tenerse en cuenta que la UE
carece de recursos presupuestarios y de capacidad política para
poder realizar una política fiscal distributiva a nivel de sus
miembros. Una respuesta afirmativa avalaría, por tanto, la opinión
de inviabilidad económica de la moneda única en la UE.
Para los detractores de la unión monetaria europea, la inexistencia
de una política fiscal federal creará graves tensiones en la futura
unión monetaria, y tendrá un alto coste en términos de empleo y/o
soberanía económica para sus miembros. En palabras de
Feldstein,
"No existen
transferencias fiscales desde la CE en su conjunto hacia los países
que experimentan una recesión cíclica relativa. Sin un sistema
fiscal centralizado, los choques de demanda agregada localizados
geográficamente tienen un impacto mayor sobre la renta y el empleo.
Si se acepta la moneda única, los gobierno nacionales tendrían
pronto que decidir si aceptar una mayor volatilidad del empleo y la
renta... o aceptar la pérdida de soberanía nacional sobre los
impuestos y el gasto público". (The Economist, 13 de julio, 1992)
Por el contrario, esta postura crítica hacia la unión monetaria en
Europa ha sido puesta en entredicho por algunos autores, que han
señalado que la inexistencia de una política fiscal de
corresponsabilidad regional en Europa no producirá graves
problemas a la unión monetaria. Ello se debe a que la movilidad del
trabajo en Europa es muy baja, y puede esperarse que lo siga siendo
en el futuro, como consecuencia de las diferencias culturales y
lingüísticas. Por ello, los choques asimétricos generarán
diferencias entre los salarios reales de los miembros de la unión
monetaria, y no flujos migratorios de importancia. Además esta
baja movilidad del trabajo implica una alta estabilidad de la base
fiscal, por lo que se verán potenciadas las políticas fiscales
nacionales de los miembros. Estas razones parecen avalar la
opinión de que la unión económica y monetaria en Europa no debe ir
necesariamente acompañada de una autoridad fiscal federal. En
palabras de De Grauwe et al,
“América necesita
una autoridad fiscal federal fuerte porque las diferencias en los
tipos impositivos regionales pueden evadirse a través de la
emigración. Europa necesita menos una autoridad fiscal central
precisamente porque la movilidad del trabajo es baja, y por ello las
políticas fiscales nacionales tienen más efecto" (The Economist, 4
de julio, 1992).
No obstante, parece que hay que aceptar que la inexistencia de
corresponsabilidad fiscal a nivel regional en la UE supone una
importante desventaja, ya que el ajuste, aunque no se produzca a
través de movimientos migratorios, como señalan los defensores de la
unión monetaria, no hay duda de que deberá de producirse a través de
otra vía, y esa vía, debido a las restricciones institucionales que
limitan la política fiscal, puede tener un alto coste.
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¿El Pacto de
Estabilidad y Crecimiento moribundo? |
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In November 2003,
La Comisión recomendó iniciar el proceso de sanción contra
Alemania y Francia.El Consejo bloqueó el proceso dejando en
entredicho el PEC. La Comisión llevó al Tribunal Europeo de
Justicia al Consejo. La solución del Tribunal de Justicia la
resume a´si The Economist:
"The ECJ ruled that the Council
of Ministers cannot formally suspend the pact. But, as the
court admitted, the pact can still be held in check if the
ministers stubbornly refuse to back the commission’s
recommendations. The ruling does not hand victory to the
commission, it merely gives them the option of a stalemate.
The commission can continue to recommend tough measures for
recalcitrant governments, the Council of Ministers can
refuse to accept these recommendations, and France and
Germany can continue to do as they please." The Economist 13
de julio de 2004
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The more
serious danger is that EMU will disable not just monetary but also
fiscal policy. Normally, a country which ties its monetary arm
behind its back leaves its fiscal hand free to fend off
macroeconomic disturbances. The danger in Europe is that the
Maastricht Treaty's Excessive Deficit Procedure and Mr. Waigel's
Stability Pact will hamstring fiscal as well as monetary policy.
In the short run, Europe will have very little fiscal room for
maneuver. This could result in an exceedingly fragile and unstable
European economy.
Barry Eichengreen University of California, Berkeley, October,
1996.
Los criterios presupuestarios impuestos en Maastricht estaban
previstos como una condición previa para acceder a la moneda única.
Sin embargo se planteaba el problema de si era necesario mantener
alguna forma de disciplina presupuestaria para los miembros una vez
introducida la moneda única. El punto de vista finalmente aceptado
fue que para obtener una convergencia económica y monetaria duradera
en la UME era conveniente mantener unos déficit presupuestarios
bajos en el largo plazo. Esta disciplina presupuestaria ayudaría
tendría tres efectos beneficiosos:
En primer lugar, a
mantener unos tipos de interés a corto plazo bajos aliviando la
carga de la política monetaria.
En segundo lugar,
la acogida favorable de este tipo de política en los mercados
financieros permitiría lograr unos menores tipos de interés a
largo plazo los tipos de interés a largo plazo.
En tercer lugar, la
disciplina fiscal al reducir los ratios de deuda pública y la
carga de la misma como consecuencia de los menores tipos de
interés permitiría resignar gasto publico hacia el
objetivo de lograr un mayor crecimiento y empleo a largo plazo.
Este punto de vista fue el que llevo al Consejo Europeo de Dublín
diciembre de 1996 a establecer el Pacto de la Estabilidad y el
Crecimiento, cuyos textos legales se aprobaron en el
Consejo Europeo de Ámsterdam de Junio de 1997. Además, deben
respetarse tanto para lograr la pertenencia a la unión monetaria,
como una vez que la unión monetaria haya sido puesta en marcha.
Constituyen reglas permanentes de política económica. Los países que
superen el 3% de déficit presupuestario serán objeto de apertura de
un expediente por parte de la Comisión, que podrá concluir en multas
que se moverán entre el 0,2 y 0,5 del PIB. Cuando un país se vea
sometido a una “recesión profunda”, es decir, una caída de su PIB
igual o superior al 2%, la Comisión renunciará a la apertura de
expediente. Cuando la recesión es de menor entidad, es decir, la
caída del PIB se sitúa entre el 0,75% y el 2%, el déficit excesivo
tiene bastantes posibilidades de no ser penalizado. Cuando la caída
en el PIB es inferior al 0.75%, el exceso de déficit presupuestario
será objeto de sanción “casi automática”.
3. Críticas al PEC
Seis críticas al PEC. (WP Parlamento Europeo)
Crítica 1: El Pacto de Establidad y Crecimiento reduce la flexibilidad
presupuestaria.
Como se ha señalado anteriormente la teoría de
las áreas monetarias óptimas señala que se requiere mayor
flexibilidad presupuestaria para que los miembros puedan hacer
frente a choques a choques económicos nacionales.
Under the Pact, the 3% of GDP reference value has become a hard
ceiling to be breached and only in exceptional circumstances and for
a limited period. In order to create sufficient room for manoeuvre,
a rapid transition to broadly balanced budgets in structural terms
is required. In a situation of subdued growth, such transition would
require procyclical policies that may worsen the cyclical conditions.
Pro-cyclical policies cannot be excluded in the future if the room
for manoeuvre envisaged by the SGP turns out to be insufficient to
cope with large scale recessions and adverse shocks.
Crítica 2: El Pacto de Establidad y Crecimiento funciona asimétricamente. (Buti
and Martinot, 2000; Korkman, 2001).
El Pacto de Establidad y Crecimientono desincentiva a los gobiernos a
descender los impuestos o reducir el gasto en períodos favorables
del ciclo económico.
There is nothing in the SGP preventing countries from undertaking
pro-cyclical expenditure increases and tax reductions during periods
of strong growth . While headline budget figures may not deteriorate,
the underlying budgetary position will, thereby leaving the
countries exposed in the event of a slowdown in economic activity.
Evidence of a pro-cyclical bias still affecting budgetary policies
in euro area countries is provided by fiscal behaviours in the year
2000. In a situation of buoyant growth (3.4% for the euro-area as a
whole) and an oil price hike which put upward pressure on inflation,
countries with high deficits failed to seize the opportunity
to reduce their fiscal imbalances.
Crítica 3: No sanciona las políticas fiscales
realizadas por motivos políticos y no económicos
Unlike the Maastricht convergence, sticking to
the rules of the SGP may not pay politically. As argued by Buti and
Giudice (2002), rewards for complying with Maastricht public finance
requirements and penalties for failing to do so were very clearly
laid out in the run up to EMU. Meeting the convergence criteria
would allow budgetary laggards to join the virtuous countries in the
new policy regime. Conversely, failure carried the penalty of
exclusion from the euro area. Under the SGP, the carrot of entry has
been eaten while the stick of exclusion has been replaced by the
threat of uncertain and delayed sanctions. Moreover, the very
success of the SGP in reducing the budget deficits would in fact
rebuild the capacity of governments to pursue politically-motivated
fiscal actions. This temptation may prove irresistible in election
years 16.
Crítica 4: El Pacto de Establidad y Crecimiento desanima la inversión pùblica.
Maintaining budget positions “close to balance or
in surplus” implies that capital expenditure will have to be funded
from current revenues. Hence, it will no longer be possible to
spread the cost of an investment project over all the generations of
taxpayers who benefit from it. This may imply a disincentive to
undertake projects producing deferred benefits and entailing a
significant gap between current revenues and current expenditures.
The disincentive is stronger during consolidation periods.
Crítca 5: El Pacto de Establidad y Crecimiento no tiene en cuenta la política
fiscal agregada en la Unión Europea.
Under the Pact, each country is responsible for
national fiscal policies. However, the aggregation of nationally-determined
fiscal policies may not result in an optimal fiscal stance at the
euro area level. In turn, the aggregate fiscal stance may not be
suitable to ensure an adequate policy mix. An inappropriate fiscal
stance may occur without formally violating the rules of the SGP.
For instance, a shift from surplus to balance in several countries
at the same time may lead to an over-expansionary fiscal stance
while remaining within the boundary of the Pact. Conversely, the
rule-based coordination envisaged by the Pact may not be adequate to
respond to large common shocks which would require a coordinated
response.
Crítica 6: El Pacto de Establidad y Crecimiento se centra en el corto plazo y
olvida las reformas estructurales.
This criticism has different nuances. First, the
SGP focuses almost exclusively on short term objectives for
the budget deficit. As such, it provides incentives for creative
accounting and one-off measures which blur the transparency of
public accounts. Second, the stock of public debt does not enter the
SGP and neither do the contingent liabilities of public pension
systems. Hence, the Pact treats equally countries with different
medium and long-term prospects and different debt levels. This may
imply that the Pact is too demanding for countries in sound fiscal
positions. Third, the Pact may prevent countries from implementing
policies – such as pension reforms which improve sustainability over
the medium and long term at the price of a short term deficit
worsening
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22 de julio de 2003
EN DEFENSA DEL PACTO DE
ESTABILIDAD
Lorenzo Bernaldo de Quirós
Jacques Chirac, Presidente de Francia, utilizó el Día de
la Bastilla para pedir una flexibilización temporal del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento con la finalidad de estimular la
alicaída economía de la Eurozona. La demanda francesa se suma a
las planteadas en esa misma dirección por Francia y Alemania.
Este planteamiento es el reflejo tanto del deseo de esos países
de postergar "sine die" la reforma de sus obsoletos y ruinosos
sectores públicos como de una ignorancia supina sobre los
efectos económicos de las estrategias presupuestarias
deficitarias. En realidad, el triunvirato de los heterodoxos
pretende convertir sus fallos en aciertos, su incompetencia en
sentido común y sus malas prácticas fiscales y presupuestarias
en un modelo a seguir. Por supuesto, esas pretensiones son
inaceptables.
De entrada es necesario apuntar algunas
cuestiones elementales. Los franceses, los alemanes y los
italianos no han optado por el déficit fiscal para combatir la
desaceleración de sus economías. Se han encontrado con él porque
no han querido, no han sabido o no han podido poner en orden sus
cuentas públicas en los años de expansión. Esta y no otra es la
razón por la cual son incapaces de cumplir el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento (PEC) que ellos mismos consideraron
imprescindible para garantizar la estabilidad macroeconómica
dentro de la Eurozona. Su keynesianismo de urgencia y su defensa
de las estrategias fiscales de relanzamiento de la demanda para
afrontar la fase bajista del ciclo equivalen a hacer de la
necesidad virtud. Es una justificación ex post de su ineptitud.
Las críticas lanzadas contra el PEC por su
supuesta falta de flexibilidad son infundadas. En él se
establece un techo a la proporción déficit público/PIB del 3% si
se produce un crecimiento negativo del producto del 0.5% o más.
Esta regla no es arbitraria. Si se analizan los períodos
recesivos padecidos por la UEM entre 1961 y 1996 con caídas del
producto entre el 0.5% y el 0.75%, se observa que partiendo de
un hipotético presupuesto equilibrado en el año precedente a la
recesión, sólo uno de los dieciocho integrantes, Alemania,
superaría el techo del 3% en el año siguiente a la misma. En el
caso de recesiones más intensas, once de los dieciocho países de
la Eurozona superarían ese umbral pero todos, salvo Alemania,
caerían por debajo de él cuando la actividad iniciase su
recuperación. Desde esta óptica, los argumentos franco-italianos
son injustificables.
Por el contrario, si el desequilibrio de las
finanzas públicas se sitúa en el 2% del PIB en el año precrisis,
ningún Estado de la Eurozona volvería a déficit inferiores al 3%
del PIB en el primer año de reactivación (Buti M., Franco D. y
Ongena H., Budgetary Policies During Recessions, ECB,
1997). La conclusión es bastante clara. Cuando las finanzas
públicas están equilibradas, sólo las recesiones severas, un
crecimiento negativo del PIB del 2%, provocan déficit excesivos,
superiores al 3% del PIB, pero éstos son temporales salvo que se
implanten políticas fiscales expansivas. En estos casos, el
retorno a posiciones presupuestarias como las establecidas por
el PEC sólo es posible con recortes del gasto y/o aumento de los
impuestos. De ahí, los problemas a los que se enfrentarían
Francia, Alemania e Italia y, en consecuencia, el conjunto de la
zona del euro, si ésta entra en recesión.
Estos comentarios tendrían sólo un valor
académico si los déficit públicos fuesen irrelevantes o
positivos desde un punto de vista económico. Por desgracia no lo
son. En el caso de la UEM, el incumplimiento de las obligaciones
impuestas por el PEC por parte de los países grandes de la
Eurozona llevaría a un incremento de la prima de riesgo sobre
los tipos de interés de esa área económica que neutralizaría la
efectividad de la expansión fiscal y acentuaría el declive de la
economía. Los Estados con finanzas públicas desequilibradas
carecen de margen de maniobra para usar el presupuesto con fines
estabilizadores ya que los mercados consideran insostenible su
posición fiscal. Por otra parte, estudios empíricos sobre el
comportamiento de los Estados de la OCDE durante las recesiones
muestran que, en las economías abiertas con tipo de cambio fijo,
un aumento del gasto público equivalente al 1% del PIB reduce el
crecimiento en 0,4 puntos (Hemming R., Mahfouz S. y
Schimmelpfenning A., Fiscal Policy and Economic Activity
During Recessions in Avanced Economies, IMF Working Paper,
mayo 2002).
En este marco, la entronización en Eurolandia
de una dinámica deficitaria impulsada por acciones fiscales y
presupuestarias discrecionales, aunque fuese temporal, sería
negativa para el crecimiento y para la creación de empleo en una
región, como la del área del euro, con un balance pésimo en
ambos frentes. El multiplicador keynesiano se ha transformado en
un restador. No estimula la actividad, sino que la deprime como
lo demuestran la propia realidad alemana, italiana o francesa.
Por lo tanto emprender, ese camino en la actual coyuntura sería
poco inteligente. Desde esta perspectiva, el gobierno español
debe dar la batalla para resistir el embate de la ola heterodoxa
que pretende hacer de su incapacidad política regla general
exportando al resto de los socios de la UEM sus fracasos.
Cuando las reglas económicas se rompen en
búsqueda de beneficios a corto plazo, la política económica se
vuelve temporalmente inconsistente, su credibilidad salta hecha
pedazos y sus consecuencias son siempre negativas porque los
agentes económicos se sienten engañados y castigan al infractor.
Lorenzo
Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket
International Consulting en Madrid, España y académico asociado
del Cato Institute. |
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This presents a problem. For despite
continental Europe's ec onomic
weakness, macroeconomic policy there has been far tighter than
in America or indeed in Britain. This year, fiscal policy in
America has been loosened by almost 2% of GDP, whereas in the
euro area as a whole, and especially in Germany, it is being
tightened (see chart 9). The tight fiscal policy in Europe has
resulted mainly from Europe's self-imposed policy strictures,
particularly the Stability and Growth Pact. This
requires countries in the euro zone to limit deficits to a
maximum of 3% of GDP, other than in extraordinary economic
circumstances. Countries that run excess deficits and fail to
reduce them can be fined by the European Union. But the
efforts to comply with the pact have led to perverse results.
Earlier this year, for instance, Germany was talking about
raising taxes in the middle of a recession to get its budget
deficit down.
 However,
the roots of Europe's macroeconomic stance go well beyond
the stability pact. Whereas America has rediscovered
Keynes with a vengeance, European officials remain deeply
sceptical about the ability of macroeconomic loosening, and
particularly fiscal loosening, to smooth economic cycles.
European economists, including several based at American
universities, have spearheaded research that shows how, in
theory, fiscal tightening (especially spending cuts) can
actually boost the economy. A recent study by the European
Commission claimed that roughly half the instances of fiscal
tightening in the EU during the past decade had been followed
by faster economic growth. Conversely, they argue, the
evidence that fiscal expansion works is much thinner.
They have a point. Given that Europe's
overall fiscal position is worse than America's—with higher
tax rates and bigger debt burdens—there is less room for
loosening and greater benefits to be reaped from discipline.
But that does not mean that fiscal policy has no role to play.
Indeed, Europe's big economies now seem to be coming round to
the view that it has. France, Germany and Italy, as well as
Portugal, are currently flouting the 3% ceiling on deficits.
Yet Germany is hoping to bring forward much-needed tax cuts
that are likely to make the deficit worse. France, too, looks
set to breach the stability pact again next year and Jacques
Chirac, France's president, advocated a “temporary softening”
of it this summer. The point is not that Europe can, or should,
spend its way out of the current downturn, but that fiscal
policy should avoid aggravating cyclical downturns. With luck,
that trend has now started.
Monetary policy in the euro zone has also been
tighter than in America. Since the beginning of 2001 the
European Central Bank (ECB) has cumulatively cut short-term
interest rates by 2.75 percentage points, whereas the Federal
Reserve has cut short-term rates by 5.5 percentage points.
Here, too, the differences are partly due to intellectual
attitudes and partly to self-imposed rules.
Whereas Alan Greenspan, the chairman of the
Federal Reserve, has adopted the role of recession-avoider-in-chief
(in line with the Fed's goals of maximising employment as well
as stabilising prices), Europe's central bankers have been
dogmatic inflation fighters (their only official goal being
inflation close to, but below, 2%). They are also self-styled
drillsergeants for structural reform. Despite widespread
criticism from the IMF, the OECD and the financial markets for
cutting rates too slowly, the ECB remains unabashed. Wim
Duisenberg, the bank's boss from its inception, once famously
quipped that a bout of falling prices was a central banker's
dream. He has regularly claimed that Europe's problems are
structural, not monetary. Jean-Claude Trichet, a former
governor of the Bank of France, who is expected to take over
from Mr Duisenberg in November, may take a softer line. But it
is not just a question of personality. A large part of the
difficulty lies in making policy in a currency union of 15
disparate economies. The ECB's decisions on interest-rate
changes are based on region-wide inflation averages, which
across the euro zone as a whole have consistently bumped up
against the ECB's target of 2%. However, inflation in Germany—which
makes up 30% of the euro zone's economy—has been rather lower
than the average. So interest rates that are appropriate for
the euro zone as a whole are too high for Germany.
To aggravate matters, Germany has a much
weaker banking system than the rest. Like Japan, it has too
many unprofitable banks that need rationalising and
restructuring. While this is being done, banks are reluctant
to lend, so credit growth is stagnant. The pessimists about
Europe say that the state of Germany's banks, its structural
rigidities and its low inflation raise the spectre of Japan-style
deflation that could sink the economic prospects of the entire
euro zone.
http://www.economist.com/printedition/displayStory.cfm?Story_ID=2050758
(4 of 7)01/10/2003 11:09:18 |
El Pacto de
Estabilidad y Crecimiento y la medición del déficit
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El El Estado vuelve al superávit pese a
'ocultar' 9.000 millones de déficit
• Las
reglas de la UE permiten que gastos por más del 1% del PIB no
computen al cuadrar cuentas
• Los expertos aseguran que desde
el punto de vista legal no hay cifras opacas en la
contabilidad
ROSA MARÍA SÁNCHEZ. MADRID
El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, ha anunciado que el 2003 se cerrará con un
superávit en las cuentas públicas equivalente al 0,5% del
producto interior bruto (PIB), unos 3.700 millones de euros
(más de 600.000 millones de pesetas) y no en equilibrio
presupuestario, como se esperaba...........
El director de estudios del IEE, Gregorio Izquierdo, explica
que la contabilidad "se forma a partir de unas reglas de juego
aceptadas por todos, que podrían ser otras". Las normas de la
UE tienen dos "peculiaridades". En la contabilidad no se
incluyen determinadas empresas o entes públicos (aquellos
cuyos ingresos propios cubren más del 50% de sus costes de
explotación). Además, tampoco cuenta la concesión de préstamos
o avales (activos financieros) porque se supone que serán
devueltos. "Con estas reglas, no hay déficit oculto", explica
Gregorio Izquierdo.
En el déficit público no computan las cuentas de RTVE (más de
6.600 millones de euros de deuda), el Gif, AENA, Renfe,
etcétera. Tampoco se tienen en cuenta los préstamos o avales
del Estado a estas empresas o al sector privado (la variación
de activos financieros será de 5.800 millones de euros en el
2004).
DÉFICIT DE CAJA
Las reglas contables de la UE se conocen como SEC 95 y son las
que se aplican en el cálculo de la llamada Contabilidad
Nacional. Además de las dos "peculiaridades" citadas, el SEC
95 establece que los ingresos y gastos no se deben computar
según entren o salgan de la caja (criterio de caja), sino
según cuando se generen los derechos de cobro y pago (criterio
de devengo).
La aplicación de esta regla permite que del déficit de caja
previsto para el Estado en el 2004 (6.800 millones), sólo la
mitad (3.487) compute en la Contabilidad Nacional.
La suma del déficit de caja (6.800 millones) y de la variación
de activos financieros (5.800 millones) da como resultado la
necesidad financiera del Estado. Según la documentación del
Gobierno, este importe será de 12.600 millones de euros en el
2004, el 1,6% del PIB. Este concepto oficial es el que más se
parece al que se conoce como déficit oculto y es 9.000
millones superior a la cifra apuntada por el Gobierno en la
Contabilidad Nacional.
Para financiar estas necesidades, el Estado tendrá que emitir
más deuda el año próximo (10.600 millones de euros más) y
sacar 2.000 millones de la cuenta del Banco de España. Si el
déficit del Estado fuera de tan sólo el 0,4% del PIB en el
2004 --como dice la Contabilidad Nacional-- no habría que
emitir tanta deuda.
Noticia publicada en la página
030 de la edición de Domingo, 2 de noviembre de 2003 de El
Periódico |
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